La educación debe garantizar que todas las personas desarrollemos todas nuestras capacidades al máximo. Para ello el sistema educativo tiene que plantearse como objetivo la igualdad educativa, es decir, el éxito escolar para todas, independientemente de la situación social, económica y/o de la valoración social de la cultura a la que se pertenezca. Esta igualdad incluye el reconocimiento de la diferencia como factor de enriquecimiento y no de inferioridad.
Formamos parte de una sociedad compleja en continuo cambio, cada vez más multicultural, que está transformándose de sociedad industrial en sociedad de la información. Este cambio afecta tanto a aspectos tecnológicos, de producción o económicos, como a los ámbitos del conocimiento, de las relaciones personales y del desarrollo individual; en definitiva, cambios culturales, de manera de ver el mundo y de relacionarse con él. Estas transformaciones no afectan a todas las personas por igual y nos encontramos grandes avances junto a procesos de exclusión social, aumento de la conflictividad y de las desigualdades.
Se han ido dando muchos pasos respecto a la mejora de la educación: implantación y desarrollo de la Reforma Educativa, nuevas propuestas didácticas, innovaciones en las distintas áreas... Sin embargo, se da la paradoja de que muchas de estas mejoras no afectan en la misma medida a todo el alumnado, ni especialmente al que más lo necesita.
Pensamos que es el momento de realizar una reflexión sobre los enfoques educativos y las actuaciones que se están llevando a cabo, ya que somos conscientes de que muchos niños y niñas no alcanzan los objetivos generales de la educación obligatoria, esto es, no consiguen las habilidades educativas y culturales necesarias para desenvolverse en esta sociedad.
La escuela tiene un papel muy importante en la superación de estas situaciones. La escuela tiene la posibilidad y obligación de proporcionar los recursos necesarios para su inserción social y laboral a todas las personas y sobre todo a las que por otras vías no pueden acceder a ellos ya que muchos de estos recursos son educativos: la capacidad de selección, procesamiento y aplicación de la información, el aprendizaje de lenguas, las habilidades de comunicación... Sólo así potenciará la igualdad de oportunidades al acabar la escolaridad obligatoria.
Para eso será preciso que la escuela y las Administraciones realicen acciones positivas y primen los aprendizajes que desarrollan las capacidades o recursos citados, considerados más valiosos y necesarios en esta sociedad. Así, el Informe para la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el s. XXI, presidida por Delors (1996), plantea la necesidad de que la educación dé respuesta a estos nuevos retos y propone estos cuatro ejes de aprendizaje:
La búsqueda del éxito escolar para todas las personas puede ayudar a la mejora del sistema educativo en general, ya que observar los resultados del alumnado en situación de desigualdad es la mejor forma de detectar los fallos e incoherencias del sistema. Para garantizar dicho éxito es imprescindible la investigación y la innovación educativa en cada centro y en cada aula, basándose en los estudios, teorías y prácticas que están dando resultados positivos en diferentes partes del mundo.
En este contexto hemos de tener presente que una gran mayoría del alumnado gitano llega a los centros en condiciones de desigualdad respecto al resto de alumnado (rechazo, prejuicios, algunos en precaria situación socio-económica). Para paliar esta situación, el sistema educativo ha propuesto acciones que sólo han servido para mantener, y en algunos casos agravar, las desigualdades iniciales al finalizar su escolaridad sin obtener titulación académica.
Por todo esto, la Asociación de Enseñantes con Gitanos nos hemos planteado reflexionar sobre:
Desde los años 60, en EEUU primero y en Europa posteriormente, se ha planteado la investigación y puesta en práctica de programas de Educación Compensatoria con la finalidad de elevar el rendimiento académico de determinados grupos sociales desfavorecidos. Incluso en 1977 el Consejo de Europa define la Educación Compensatoria como "una acción para igualar desigualdades promoviendo el enriquecimiento del entorno en el que se desarrolla el alumno y la formación especializada del profesorado". Dando un paso más, Flaxman (1985) plantea la Educación Compensatoria como una forma de discriminación positiva y de ampliación del aprovechamiento escolar a través de tratamientos educativos diferenciados.
Con estas buenas intenciones se empezaron a desarrollar propuestas de Educación Compensatoria que en el fondo partían de la base de que las situaciones de desigualdad podían ser mejoradas pero nunca superadas. Coherente con esta idea, el desarrollo de estos programas lo que ha conseguido es reforzar estos principios organizando prácticas que solamente inciden y realzan estas desigualdades de las maneras siguientes:
Obviamente, comprobando los resultados de estancamiento que han impulsado muchos de los programas de Educación Compensatoria, éstos han sido sistemáticamente cuestionados sobre todo porque no han conseguido la finalidad de dotar a los alumnos de instrumentos de superación social, hasta el punto de ser calificados por muchos autores como de fracaso. Es el caso de Bernstein (1975) y de De Miguel (1979) que señalan que "para avanzar conviene hablar más de transformaciones pedagógicas reales en el sistema educativo orientadas a complementar y enriquecer la situación del niño desfavorecido".
A pesar de todas estas críticas, en nuestro país en 1983 comienzan a ponerse en práctica oficialmente estos programas con similares objetivos de compensación. Aunque trajeron la desaparición de muchas escuelas puente, se repiten los mismos procesos y se cae en los mismos errores mencionados: para la igualdad de acceso se utilizaron prácticas segregadoras, como fueron las aulas de compensatoria y las escuelas de acción especial, se consideraba al alumno como "deficitario", deficitaria su situación y se intentaba solucionarlo de manera compartimentada, con refuerzos individuales específicos fuera del aula que remarcaban más su situación de exclusión.
Estas posiciones, que aún perviven en determinadas prácticas, no se han evaluado sistemáticamente, y cuando se ha constatado su ineficacia se ha justificado una vez más como fracaso del alumno, sin plantearse o cuestionarse la idoneidad de la propuesta. Por esta causa aún actualmente las administraciones los siguen proponiendo como modelos de intervención útiles, llegando hasta el extremo de volver a plantear en la E.S.O. las medidas segregacionistas que se demostraron ineficaces en primaria.
En resumen, las políticas Compensadoras no compensan, no igualan al alumnado ni en el acceso, ni en la permanencia, ni en el éxito en la escuela. Este alumnado continúa sufriendo el rechazo que hacia él se dirige, su situación socio-económica se mantiene igual, y se añade el fracaso escolar a la lista de las etiquetas que lo marginan de la escuela y de la sociedad.
La Constitución Española y sus desarrollos reconocen a los españoles y menores de edad extranjeros, el derecho a la educación en condiciones de igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas. Se señala además que el fin de la educación es el desarrollo de los individuos y de la sociedad y que ello implica necesariamente avanzar en la lucha contra la discriminación y la desigualdad.
La LOGSE (1/1990 de 3 de octubre) establece que esto se lleve a efecto dentro de un marco curricular flexible, una enseñanza comprensiva que atienda a la diversidad y se desarrolle en una ámbito normalizado tanto en el ámbito educativo como social. En el título V, se obliga a los Poderes Públicos a que adopten las medidas de discriminación positiva que puedan hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación.
En algunos decretos, como es el Real Decreto 299/1996 del 28 de febrero de Ordenación de las acciones dirigidas a la compensación de desigualdades en educación, su introducción especifica que "las medidas y acciones de compensación educativa deben ajustarse a los principios de globalización y convergencia de las intervenciones, de normalización de servicios, de atención a la diversidad, de flexibilidad en la respuesta educativa y de integración, incorporación e inserción social". Se reconoce por tanto que el propio Sistema Educativo, entre otros, es el encargado de promover las acciones necesarias para superar las desigualdades y lograr así la consecución del derecho a la educación de toda la ciudadanía.
Pero estos principios no sólo no se ven reflejados en posteriores desarrollos legislativos, sino que se legislan criterios, medidas y acciones con un contenido que impide que se puedan llegar a conseguir la superación de las desigualdades.
Nos encontramos, por ejemplo, que la LOPEG (9/1995 de 20 de noviembre) se contradice con los propios principios en los que se asienta, considera al alumnado que se encuentra en situación social o cultural desfavorecida como alumnos de n.e.e. individualizando el problema, sin tener en cuenta que las causas que generan la desigualdad son fundamentalmente sociales y que, por tanto, las formas de intervención no pueden ser acciones individuales sino globales, dirigidas al colectivo dentro de su entorno ordinario de aula y centro, y a su contexto. La necesidad educativa especial la puede llegar a tener el alumno o alumna si a lo largo de su escolarización no se toman las medidas adecuadas y así, cuando llega a etapas superiores como la ESO, el retraso escolar es tan grande que difícilmente comprende ningún contenido de los que se plantean en el aula, porque tampoco se hace un esfuerzo para que llegue a comprender. Aun en este caso es más apropiado hablar de necesidades educativas especiales del centro, del sistema, del entorno, que del alumnado.
En algunos desarrollos legislativos del MEC y de otros Departamentos de CC.AA., Sobre la base del criterio anterior de considerar la desigualdad como un "handicap" individual e insuperable, no sólo vuelven a desconfiar de que el Sistema Educativo en su conjunto sea capaz de cumplir sus propios objetivos y principios generales, sino que crea nuevas barreras que impiden en sí superar las desigualdades a los alumnos que las padecen. Esto lo podemos constatar por ejemplo en las concreciones del Real Decreto citado de Ordenación de las acciones dirigidas a la compensación de las desigualdades en educación, donde se considera la posibilidad de que haya Centros con actuaciones de compensación educativa de carácter permanente y, por otro lado, con la excusa de la flexibilidad, se propone la creación de grupos específicos de alumnos en situación social o cultural desfavorecida.
Con la propuesta de crear recursos estables (profesores de apoyo de compensatoria, becas para "niños de compensatoria", subvenciones estables a centros con "población de compensatoria", ...) se generan actuaciones que perpetúan la situación de etiquetaje que sufren estos alumnos de por vida. Además comporta en la mayoría de las ocasiones que estos recursos tanto humanos como materiales se convierten en lo prioritario, dando más importancia a aspectos puntuales, laborales, de organización o burocráticos olvidando, a menudo, la finalidad para la que se crearon.
Este tipo de normativas y alguna otra más está generando situaciones perversas hacia el propio Sistema Educativo que impiden que puedan conseguirse los objetivos y principios en los que se asienta y por tanto hacer efectivo el derecho a la educación.
A la hora de plantearnos actuaciones encaminadas a la superación de desigualdades hemos de estar alerta para no caer en prácticas que se han demostrado ineficaces e incluso involucionistas. Tendremos que analizar el entorno, valorar los medios y recursos a nuestro alcance y asegurar que las actuaciones programadas respondan a unos principios básicos que aseguren el progreso, como son:
Estos principios se tienen que materializar en actuaciones que claramente vayan encaminadas a lograr la superación de las desigualdades, como pueden ser:
Estas y otras actuaciones que se planteen, tienen que garantizar que todo el alumnado tenga acceso y pueda utilizar los recursos educativos necesarios teniendo en cuenta tanto los que le pueda aportar la escuela como los que le facilita su entorno.
Por tanto será necesaria la intervención coordinada en la escuela, el barrio, el domicilio, enriqueciendo los diferentes ámbitos con el fin de lograr los objetivos propuestos de igualdad educativa e ir dando los pasos necesarios para superar las desigualdades.
DOCUMENTO ELABORADO POR LA ASOCIACIÓN DE ENSEÑANTES CON GITANOS. FINALIZADO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2001
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